La publicación del Curso de Derecho Penal, Parte General, tuvo desde su origen la vocación de transmitir a los alumnos, de manera pedagógica, las bases conceptuales del Derecho penal del Estado de Derecho a partir de los principios constitucionales, que cobran en este ámbito una especial relevancia.
Las sucesivas y numerosas reformas producidas en nuestro Código penal desde el año 1995 nos obliga a hacer una rigurosa revisión de nuestra obra, incluyendo las principales novedades que establece la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo. En ella se introducen cambios muy relevantes como el establecimiento de la cadena perpetua, llamada con cierto eufemismo "prisión permanente revisable" o la supresión del libro III, relativo a las faltas, con el consiguiente incremento de penas respecto a la situación anterior.
Esta tercera edición cuenta además de con los autores de la anterior, con nuevos profesores y con nuevas lecciones, con la pretensión de ofrecer una visión lo más completa posible del Derecho penal, ampliándolo a otras parcelas como el Derecho penal europeo, el Derecho penal internacional o el Derecho penal militar.
La revisión se completa con la actualización de sus útiles tablas penológicas, que ayudan al alumno a la comprensión de algunos temas sumamente complejos.
La presente edición sigue sin perder el carácter que se le dio al libro desde el comienzo, es decir, la de proporcionar a los estudiantes un Manual escrito precisamente para ellos.

Este libro viene orientado a convertirse en una ayuda eficaz para asimilar un nuevo universo jurídico procurando poner un poco de luz entre dos mundos paralelos, tan comunicados como inconexos. No es nuestro propósito desarrollar una exposición pormenorizada, detallada y aquilatada de todas las piezas del mecanismo del complejo orbe jurídico estadounidense, sino, más modestamente, familiarizar al lector con una serie  de instituciones básicas y cardinales sin cuyo conocimiento, el Derecho de esta potencia mundial se muestra difícilmente asequible.
La obra pretende explicar lo más básico y sustancial de un modo de razonar que luego transciende y se proyecta hacia todos los ámbitos del pensamiento jurídico norteamericano; dicho en otras palabras, el libro busca ser el principio de un camino, nunca su final.

Este libro pretende orientar, a través de un análisis detallado, sobre qué gastos específicos pueden producirse por causa de un litigio y su razón de ser. En particular, de un aldo, qué conceptos y cuantías  de entre ellos pueden ser recuperados a costa del vencido si se obtiene una sentencia con pronunciamiento favorable, y cuales corren a cuenta exclusiva del vencedor. Y de otro, en caso de resultar condenado, hasta qué punto se debe hacer frente a los gastos realizados por el adversario. Para ello se revisa la tasación de costas, genuina función del Secretario Judicial, a través de la jurisprudencia y práctica de nuestros Tribunales, así como las partidas más relevantes que pueden integrarla, referidas a honorarios de Abogados y derechos de Procuradores, minutas periciales y la mayoría de los gastos que tienen alguna importancia, entre ellos el IVA, poniendolos en relación con las normas procesales aplicables a los concretos supuestos, con cita de la doctrina actual.
Asimismo se incorporan a la obra los profundos cambios generados en los procedimientos judiciales españoles, especialmente en materias competencias del Secretario Judicial, operados por la Ley 13/2009 de Reforma  Procesal y la Ley 37/2011 sobre Medidas de Agilización Procesal.

Una gran parte de las actividades que realizamos en nuestro día a día, principalmente aquellas relacionadas con el ocio, se desarrollan através de medios digitales. De este modo, nos encontramos con que muchos de nuestros comportamientos, cuya calificación jurídica estaba clara al realizarse en un entorno físico, ahora han pasado a realizarse dentro de un entorno inmaterial, donde las definiciones legales no encuentran un claro acomodo. Esto supone que se genere incertidumbre sobre la licitud de determinados  comportamientos que realiza una gran mayoría de los usuarios de los medios digitales.
Esta situación se ha convertido en una de las motivaciones para la elaboración de la presente obra, de modo que no ha quedado limitada a la descripción de las conductas definidas en la ley de Propiedad Intelectual y en el Código Penal, sino que entra en el análisis práctico de las principales conductas, a través de los supuestos más habituales que se plantean en el entorno digital, para determinar así, la calificación jurídica a la que más se ajustan

La regulación jurídico-penal del acoso familiar y no familiar se establece con la LO 1/2015, de 30 de marzo, que lo tipifica como delito en el art. 172 ter CP, también conocido como acecho o stalking, dentro de los delitos contra la libertad y con una técnica restrictiva al establecer las formas de acoso de un modo tasado; y aunque es un delito común, se estableció en el marco de la violencia de género para proteger especialmente a la mujer. El nuevo delito que viene a colmar la ausencia de un tipo penal específico para combatir las conductas de acoso persecutorio, ofrece respuesta jurídico-penal a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podían ser calificadas como coacciones o amenazas. Conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad, la dignidad y el sentimiento de seguridad de la víctima a la que se somete a persecuciones, seguimientos o vigilancias constantes, u otros actos continuos de hostigamiento alterando sensible y significativamente su devenir vital cotidiano.
Resulta de especial relevancia para el enjuiciamiento de los casos de acoso escolar el párrafo 1º del art. 173.1 CP que tipifica el delito de trato degradante, redactado de conformidad con lo dispuesto en la LO 15/2003, de 29 de septiembre, pues los Tribunales han acudido a él en la mayoría de los casos. El acoso escolar, denominado también bullying, actualmente constituye una de las mayores amenazas en los centros escolares, y se concreta a aquellas conductas de maltrato entre escolares llevadas a cabo de forma reiterada y continuada en el tiempo con la intención de causar un mal a la víctima en posición asimétrica respecto del acosador, a través de agresiones físicas, verbales y sociales, que atentan contra la dignidad del menor. El espacio donde se desarrolla el acoso escolar normalmente es el centro educativo (bullying), pero el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por los menores ha llevado a que la víctima pueda sentirse acosada también fuera del centro (ciberbullying).
La regulación jurídico-penal del mobbing o acoso laboral se establece con la LO 5/2010, de 22 de junio, que lo tipifica como delito en el párrafo 2º del art. 173.1 CP. La denominación sincrética del mobbing como acoso laboral en el ámbito privado y acoso institucional o funcionarial en el ámbito público, comprende tanto el acoso psicológico laboral como el acoso moral laboral, por no ser excluyentes estos términos y sí complementarios, aunque más amplio el segundo; lo que va a determinar que la delimitación o fijación del concepto jurídico de mobbing o acoso laboral ha de tener en consideración esta postura intermedia o ecléctica en el sentido de que el mismo es acoso psicológico. La fijación de un concepto jurídico de mobbing o acoso laboral se impone por la simple necesidad de determinar la tutela jurídica que se le va a dispensar; y colmando esta imperiosa necesidad conceptualizamos el mismo como, “una conducta activa u omisiva repetida y degradante, realizada durante un tiempo por el acosador o acosadores en el lugar de trabajo donde se desarrolla la relación laboral o de servicio, con la finalidad de que se abandone aquél, que pone en peligro o lesiona la integridad moral y otros derechos fundamentales del acosado o acosados según su gravedad, pudiendo también producir un resultado dañoso personal y material, además de moral”. El mobbing o acoso laboral además de su protección jurídico-penal, es susceptible de protección jurídico-laboral, jurídico-contencioso-administrativa y jurídico-civil, así como de protección jurídico-constitucional; y esta protección también se puede dispensar al resto de las infracciones penales examinadas, aunque solamente cuando concurran los presupuestos establecidos en relación con la protección constitucional y la protección en los distintos órdenes jurisdiccionales ordinarios que se disponen en relación con el mobbing o acoso laboral.
La regulación jurídico-penal del acoso inmobiliario se establece con la LO 5/2010, de 22 de junio, que lo tipifica como delito en el párrafo 3º del art. 173.1 CP. Conceptualizamos el mobbing o acoso inmobiliario como una conducta antisocial reiterada que tiene como finalidad impedir el disfrute legítimo de la vivienda propia o arrendada, y que de ser hostil o humillante será constitutiva de infracción penal.
La regulación jurídico-penal del acoso sexual se establece con la LO 15/2003, de 29 de septiembre, que modifica el art. 184 CP; y la LO 1/2015, de 30 de marzo, introduce los arts. 183 ter y 183 quater CP (la LO 5/2010, de 22 de junio, introdujo el art. 183 bis CP, que regulaba el ciberacoso; actualmente regulado en el art. 183 ter CP). El ciberacoso o grooming, comprende comportamientos realizados a través de tecnologías de la información y la comunicación que un adulto lleva a cabo para establecer vínculos de confianza con un menor a fin de mantener relaciones sexuales con el mismo, explotarlo sexualmente o bien utilizarlo con fines pornográficos. El acoso sexual laboral tipificado en el art. 184 CP se convierte en una modalidad privilegiada de acoso laboral tipificado en el párrafo 2º del art. 173.1 CP, que admite la aplicación de sus aspectos específicos; y es una situación producida como consecuencia de que la solicitud de favores de naturaleza sexual se produce en el ámbito de una relación laboral existente entre el acosador y la víctima o acosado, que ha de ser continuada o habitual.

Derecho Administrativo: Sentencias de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Sentencias del Tribunal Constitucional (cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de amparo). Sentencias de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Tribunales Superiores de justicia (toque de queda y medidas por COVID). Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (toque de queda y medidas por COVID). Sentencia del Tribunal Constitucional (estado de alarma). Salas de conflictos de jurisdicción de los artículos 38 y 39 de la LOPJ. Sala del artículo 42 de la LOPJ (contencioso-administrativo y civil, y, contencioso-administrativo y social). Sala especial del artículo 61 de la LOPJ. Acuerdo de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.