La historia del pensamiento penal español no podría entenderse sin las aportaciones del penalista y catedrático de la Universidad de Salamanca Pedro Dorado Montero (1861-1919). Con la publicación de sus obras "Bases para un nuevo Derecho Penal" y "El derecho protector de los criminales" se inició una penología sustitucionista del castigo alejada de los anhelos retribucionistas que venían caracterizando al Derecho penal desde sus inicios. Esta monografía le ofrece al lector un viaje por la vida del hombre que humanizó el Derecho penal y en ella se analizan su trayectoria e ideología política, su teoría social y su teoría del Estado. Por ello, se muestra la mirada que Dorado dirigió a una sociedad dividida en dos clases sociales antagónicas, sus vínculos con los partidos políticos de la época, y su forma de entender el Estado y el Derecho. Todo ello a través de los acontecimientos y las reflexiones que posibilitaron la creación de lo que Dorado Montero llamó "el Derecho penal del porvenir".

El presente volumen contiene una amplia selección de los trabajos llevados a cabo por José Antonio Fernández Delgado y Francisca Pordomingo sobre la relación entre escuela y literatura en Grecia Antigua, los cuales han sido realizados y publicados a lo largo de once proyectos de investigación del MEC y la JCyL y ahora reunidos y editados como merecido homenaje en su jubilación por dos de sus discípulos.
Al centrarse en los trabajos relativos al mencionado tema los editores de la presente obra han tenido en cuenta la gran relevancia del mismo y la escasa atención que, no obstante, le ha sido prestada en los estudios de Filología Clásica. Al mismo tiempo las aportaciones aquí reunidas pretenden facilitar la labor investigadora de quienes en el futuro deseen abordar esta temática, sirviendo de base e inspiración a ulteriores estudios sobre la influencia literaria de la práctica escolar en la Antigüedad.
En su conjunto los trabajos aquí editados abordan en profundidad los aspectos fundamentales de la presencia de los progymnásmata en la teoría retórica, en los ejercicios escolares trasmitidos en papiro y otros soportes, y en su huella en distintos géneros y autores de la literatura griega, no solo de la época greco-romana, en la cual se conoce mejor el funcionamiento de la enseñanza, sino también de época helenística y hasta en el propio Eurípides, aventajado discípulo de la enseñanza sofística.

Este volumen recoge las actas de las jornadas celebradas durante los días 11 y 12 de febrero de 2016 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca en torno a la obra como historiador del derecho de quien durante dieciséis años fue catedrático en ella, Francisco Tomás y Valiente, con motivo del vigésimo aniversario de su asesinato. Dedicadas a rememorar lo que significó en ese ámbito la aportación de una de las personas más comprometidas en la construcción del Estado social y democrático de derecho definido en nuestra Constitución, las jornadas se centraron en cuatro de las líneas más relevantes de su producción científica, desde la novedosa posición metodológica en la Historia del Derecho que representó en nuestro país (examinada por Bartolomé Clavero, Carlos Garriga y Javier Infante), hasta sus estudios pioneros en la historia del constitucionalismo y el análisis crítico de la Constitución de 1978 con la perspectiva del historiador y magistrado constitucional que le proporcionó su trayectoria profesional (Marta Lorente, José María Portillo y Pedro Cruz), pasando por sus contribuciones a la historia del derecho penal y procesal (Alicia Fiestas, Paz Alonso y Fernando Martínez) y al poder político en el Antiguo Régimen (Salustiano de Dios, Jon Arrieta y Pilar Arregui).Dejan también constancia en estas páginas de su participación como moderadores en sendas sesiones Jesús Vallejo, Lorenzo Martín Retortillo y Elías Díaz. Todo ello como merecidísimo homenaje a un maestro.

La igualdad es un valor que fundamenta el orden jurídico en la mayor parte de los Estados Constitucionales modernos y como principio es el elemento que caracteriza a la Constitución como forma de ordenación jurídica del poder. En este contexto surgen las cuotas de género en materia electoral, cuya implementación y aplicación en países europeos y de América Latina ha generado importantes en torno a los alcances de dicha igualdad.
En esta investigación se plantean los alcances y límites que deben garantizarse en la aplicación de las medidas afirmativas en materia de paridad de género en sede judicial, con base en el esquema hermenéutico de principio de proporcionalidad y razonabilidad, delimitando espacial y temporalmente el ámbito de la actividad interpretativa del TEPJF, a partir de la jurisprudencia que abarca los años 2012 a 2015.

El trabajo presentado como Tesis Doctoral se propone, como punto de partida, el examen de los fundamentos del Estado social y democrático de Derecho y la adopción de sus principios constitucionales e históricos, como fuente del Derecho. Son principios que legitiman el Poder Judicial, como uno de los órganos soberanos del Estado, en garantizar los derechos sociales constitucionalmente exigibles, inclusive en las cárceles. La investigación cubre tres aspectos: 1. El desarrollo histórico del Estado social con soporte en los derechos de igualdad y de libertad; 2. Las corrientes doctrinales de garantía de los derechos sociales en la formación del derecho subjetivo à tutela estatal; y 3. La ejecución penal en Brasil y la propuesta para la efectuación de una resocialización espontánea, basada en la garantía de los derechos sociales fundamentales.

AUNQUE DE ALGUNA MANERA siempre hubo interés por relacionar los procesos psicosociales y los jurídicos, y a pesar de que existen importantes antecedentes, incluso en España (Mira i López, 1932, quien publicó el primer manual de Psicología Jurídica en nuestro país), sin embargo el psicólogo social se ha mantenido tradicionalmente al margen de las cuestiones legales y de las cuestiones jurídicas, y sólo recientemente ha empezado a preocuparse por este campo, eso sí, cada vez más. De hecho, hay que esperar a 1980 para que aparezca en nuestro país otro manual de Psicología Jurídica, el de Muñoz, Bayés y Munné (1980). Pero con el crecimiento de la Psicología Social, y su expansión sobre todo por los ámbitos aplicados, está surgiendo también aquí una cada vez más potente Psicología Jurídica. Y es que las implicaciones mutuas entre el mundo jurídico y el de la psicología son numerosas. «A fin de cuentas, el Derecho y los sistemas de administración de justicia no son más que intentos, decantados y cristalizados a través de un proceso histórico, de regular la convivencia social, de reducir y resolver el conflicto que la interacción produce inevitablemente... No hace falta ser muy psicologicista, ni caer en tentaciones corporativas, para concluir que los conocimientos sobre el comportamiento deben ser una herramienta fundamental en el análisis y comprensión de este proceso. La psicología se sitúa así en una atalaya privilegiada desde la que observar a sujetos, grupos e instituciones implicadas. Y, desde luego, esa psicología que lleva lo social por apellido no puede renunciar a tener como alguno de sus objetivos más queridos aquello que tenga que ver con la ley: su inspiración, su violación y castigo, la prevención del delito, sus causas y explicaciones, las instituciones carcelarias, las posibilidades de reinserción de los delincuentes, etc. (Sobral, 1996, p. 254)». Por otra parte, en este libro mostraremos numerosos casos en que, en contra de lo que muchos profesionales del Derecho creen, la Psicología y la Psicología Social están encontrando y construyendo en sus investigaciones una serie de fenómenos que no sólo van más allá del sentido común, sino que incluso le contradicen abierta y frontalmente. Al lector le sorprenderán muchos de estos hallazgos psicológicos y psicosociales. Pero es que además de sorprenderlos, puede serles de gran ayuda en su práctica profesional, tanto en la testificación, como en las ruedas de reconocimiento o en sus investigaciones sobre casos criminales como pueden ser violaciones o asesinatos. Es cierto que, «la Psicología Jurídica a lo largo de las apariciones esporádicas antes de los años ochenta del siglo XX y en su prolífica aparición y asentamiento durante los últimos 25 años, ha estado siempre a merced de la ciencia jurídica, quizá, como analiza acertadamente Carson (2003), por el simple hecho histórico de que el Derecho existe desde que las personas comenzaron a convivir, lo que les ha obligado a definir y redefinir conceptos que pueden escapárseles a los psicólogos; quizá, simplemente, porque el Derecho es el poder y ‘conoce’ las reglas fácticas de la convivencia y el poder no se deja juzgar sino que juzga e impone sus normas, como bien ha señalado la llamada criminología crítica (Garrido y Herrero, 2006, p. 33)». Pero también debe ser cierto, como añaden Garrido y Herrero, que «hacer hoy leyes o aplicarlas sin tener en cuenta los hallazgos de las ciencias sociales es, cuando menos, una temeridad. Pero no lo es menor llevar a cabo investigaciones en Psicología Jurídica alejadas de las necesidades que tienen quienes han de dictar leyes o sentencias». Para mostrar, ya desde estas primeras páginas, la utilidad que puede tener la Psicología para el Derecho recordemos, por no poner ahora sino un solo ejemplo, que una de las principales causas de los errores judiciales son precisamente las identificaciones erróneas de los testigos presenciales y los errores no intencionales en las testificaciones. Veamos un sorprendente ejemplo real, expuesto por Loftus, Green y Doyle (1990) sobre el conocido caso del psicólogo Donald Thomson, quien participó en un debate televisado sobre el tema del testigo presencial. Posteriormente sería arrestado y acusado de violación e identificado por la víctima en una rueda de reconocimiento. Thomson consiguió de la policía detalles de la violación, descubriendo que había ocurrido en el mismo momento de su aparición en la pantalla, con lo que tenía una coartada perfecta. Más tarde la investigación mostró que la mujer había sido violada mientras veía la imagen de Thomson en el televisor, de forma que había fusionado mentalmente la imagen de éste con la del agresor. Pues bien, aunque el caso de Thomson es un caso muy especial, no es raro encontrar otros muchos ejemplos similares. Así, Milagros Sáiz (2002) llevó a cabo un experimento en la Universidad Autónoma de Barcelona en el que un grupo de estudiantes fueron testigos de un asesinato, presentado a través de una filmación en la que una joven que estaba conversando en el interior de un coche con un hombre de color fue asesinada por otro hombre, también de color, que disparó desde otro vehículo que se detuvo unos breves instantes. Los resultados mostraron que la mayoría de los estudiantes, en concreto el 60%, cometieron un importante error de reconocimiento: en la rueda de reconocimiento que se preparó a través de fotogramas de películas y en la que entre los presuntos culpables se hallaban tanto el hombre que acompañaba a la mujer asesinada como el verdadero asesino, eligieron erróneamente al primero creyéndole el real ejecutor del asesinato. Pero lo grave es que, como dice Wells (1993), «las falsas identificaciones ocurren con sorprendente frecuencia en los experimentos y la mayoría de la gente tiene demasiada confianza o fe sobre la evidencia y la identificación aportada por los testigos». Y más grave aún, si cabe, es el hecho de que un testigo que hace una falsa identificación, a menudo, es tan persuasivo como un testigo que hace una identificación exacta o correcta, y, sobre todo, que son frecuentes los casos de persona que han sido consideradas culpables en base a la aceptación del testimonio de los testigos presenciales que han incurrido en errores involuntarios. Frente a todo esto, la Psicología del testigo intenta determinar la calidad de los testimonios que sobre delitos y accidentes presentan los testigos presenciales. No olvidemos que Psicología y Ley son dos fenómenos absolutamente inseparables por la sencilla razón de que, como señalan Garrido y Herrero (2006, p. 5), en pocos escritos se encuentra tanta Psicología como en los textos legales. Digamos que la función del Derecho fue hacer psicología antes incluso de que existiera la Psicología. Pero ahora que existen ambas disciplinas, Psicología y Derecho, están condenadas a entenderse y a colaborar entre sí, si realmente quiere cada una de ellas comprender cabalmente su campo de estudio. Y, con toda seguridad, más útil le será la Psicología al Derecho que al revés, pues los profesionales del Derecho y la Ley (jueces, abogados, policías, criminólogos, forenses, etc.) trabajan con personas, y es la Psicología la disciplina que estudia la conducta humana y los factores que la dirigen (cogniciones, sesgos cognitivos, emociones, pasiones, estereotipos, prejuicios, influencia del ambiente, etc.). Espero que la lectura de este libro sea capaz de convencer a sus lectores de lo que acabo de decir, caso de que algunos no lo tuvieran ya claro antes de leer este libro. Al fin y al cabo, por no poner sino un ejemplo, cada sentencia judicial está contaminada, en mayor o menor medida y lo quiera o no lo quiera el juez que la ha emitido, por las actitudes, los estereotipos, los prejuicios, la ideología, etc., del propio juez, así como por factores sociales y colectivos como la alarma social, el hecho de que haya sido muy publicitada por los medios de comunicación, etc. Y si esto es así en los veredictos de los jueces, ¿qué deberíamos decir de los veredictos o toma de decisiones de los jurados, que, al constituir un grupo, se ven afectados, además, por los procesos grupales que rigen el comportamiento de los individuos dentro de los grupos y el del grupo mismo? Por otra parte, el término Psicología Jurídica tiene dos grandes significados, como luego veremos mejor: tiene un significado estricto, refiriéndose esencialmente a las aportaciones que puede hacer la Psicología y particularmente la Psicología Social en la Sala de Justicia, y tiene también un significado más amplio de forma que puede abarcar todas las aplicaciones de la Psicología y especialmente de la Psicología Social al campo de la Ley y del Derecho y que, como luego volveremos a decir, tal vez sea útil y oportuno llamarla Psicología Judicial, para distinguirla de la Psicología Jurídica. Es en este segundo sentido, en el amplio, en el que tenemos que subrayar que el ámbito de la Psicología Jurídica, o mejor Psicología Judicial, es muy amplio y diverso (Psicología Jurídica propiamente dicha, Psicología Forense, Psicología Policial, Psicología Criminal o Criminología, etc.). De hecho, si se examinan los numerosos manuales existentes en este campo podrá constarse que incluyen temas tan diversos como los de la testificación, la psicología de las sectas, el acoso laboral, la violencia de género, el abuso sexual a niños y niñas, la protección de menores, la psicología del terrorismo, etc. Pues bien, este texto pretende hacer un análisis relativamente profundo y exhaustivo de lo que podríamos llamar la Psicología Judicial para criminólogos, con lo que, por fuerza, deberemos concentrarnos sobre todo en dos de los ámbitos de la Psicología Jurídica antes apuntados: la Psicología Jurídica en sentido estricto, que constituirá la primera parte del libro y que desarrollará en profundidad algunos de los temas más relevantes tanto para abogados y jueces como para psicólogos, policías criminólogos y otros profesionales de la Ley y del Derecho, en especial todo lo relacionado con lo que podemos llamar psicología del testimonio. Más en concreto, y en coherencia con lo anterior, en este libro analizaremos ante todo las relaciones entre la Psicología y el Derecho (capítulo 1), así como los problemas de la declaración de los testigos, sean éstos adultos (capítulo 3) o sean niños (capítulo 4). Igualmente, y una vez vistos los problemas de la testificación y de la propia memoria humana, trataremos la toma de decisiones judiciales tanto de jueces como, sobre todo, de jurados (capítulo 5), decisiones enormemente complicadas y difíciles si tenemos en cuenta no sólo los sesgos de percepción y memoria de los individuos, sino también los derivados de aspectos tan humanos como la categorización social (de donde derivan los estereotipos y los prejuicios) o la psicología de los grupos. Pero siempre basándolo en un análisis relativamente profundo de la irracionalidad humana (capítulo 2), incluyendo los sesgos de percepción y de atribución así como los heurísticos y los problemas inherentes a la memoria humana, dado que el ser humano es ante todo un ser social y emocional más que cognitivo, por lo que se hace del todo imposible la «metáfora computacional» que parte de la base de una identificación excesiva y errónea entre el cerebro humano y el ordenador. De otro lado, la que podemos considerar la segunda parte del libro incluye cuatro capítulos que deberían ser incluidos en la Psicología Criminal o Criminológica. De hecho, veremos las principales relaciones entre la Psicología Social y la Criminología (capítulo 6), diferentes aplicaciones psisociales a la investigación criminal (capítulo 7), la Psicología Social del comportamiento sectario, incluyendo dos ámbitos, el de las sectas y el de los grupos terroristas (capítulo 8) y, finalmente, un fenómeno que cada día adquiere más resonancia y, a medida que es más y mejor conocido, más alarma social produce, dado el enorme dramatismo de sus efectos. Me refiero al acoso laboral o mobbing (capítulo 9). Finalmente, se añade una amplísima bibliografía que incluye todas las referencias citadas señalando con un asterisco aquellas cuya lectura se aconseja especialmente para una ampliación de los temas aquí tratados.

La investigación nos aporta el conocimiento que precisamos para establecer el contacto con la realidad a fin de mejorarla. Y la investigación penal, además, se siente necesaria cuando los cambios sociales urgen de respuestas no improvisadas sino meditadas y sometidas al análisis que propicia toda investigación. Éste ha sido el sentido del PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE JÓVENES INVESTIGADORES EN CIENCIAS PENALES, contribuir al debate, revisar y analizar propuestas, precisamente, por y con quienes comprometen la labor investigadora por antonomasia, esto es, la relativa a la elaboración de sus Tesis Doctorales en el ámbito de las ciencias penales. Así, los días 26, 27 y 28 del pasado mes de octubre de 2009, el viejo estudio salmantino se nutrió con la frescura de unas inestimables reflexiones, protagonizadas por un excelente grupo de jóvenes investigadores que acudieron a esta cita universitaria que tiene vocación de continuidad.

Este volumen recoge las actas de las jornadas celebradas durante los días 11 y 12 de febrero de 2016 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca en torno a la obra como historiador del derecho de quien durante dieciséis años fue catedrático en ella, Francisco Tomás y Valiente, con motivo del vigésimo aniversario de su asesinato. Dedicadas a rememorar lo que significó en ese ámbito la aportación de una de las personas más comprometidas en la construcción del Estado social y democrático de derecho definido en nuestra Constitución, las jornadas se centraron en cuatro de las líneas más relevantes de su producción científica, desde la novedosa posición metodológica en la Historia del Derecho que representó en nuestro país (examinada por Bartolomé Clavero, Carlos Garriga y Javier Infante), hasta sus estudios pioneros en la historia del constitucionalismo y el análisis crítico de la Constitución de 1978 con la perspectiva del historiador y magistrado constitucional que le proporcionó su trayectoria profesional (Marta Lorente, José María Portillo y Pedro Cruz), pasando por sus contribuciones a la historia del derecho penal y procesal (Alicia Fiestas, Paz Alonso y Fernando Martínez) y al poder político en el Antiguo Régimen (Salustiano de Dios, Jon Arrieta y Pilar Arregui).Dejan también constancia en estas páginas de su participación como moderadores en sendas sesiones Jesús Vallejo, Lorenzo Martín Retortillo y Elías Díaz. Todo ello como merecidísimo homenaje a un maestro.

Análisis de la Estrategia de Seguridad Nacional 2013, así como de sus antecedente y los documentos que han influido en su confección, para la determinación de la concepción de seguridad que sustenta la herramienta y que servirá de guía para la elaboración de las políticas de seguridad. Determinación de las incoherencias existentes entre la concepción asumida por los impulsores de la adopción de la Estrategia y la que se deriva de la definición aportada y aquella que subyace del desarrollo del texto.   Estudio de las reformas legislativas en materia de seguridad que se han efectuado a lo largo de la X Legislatura a la luz de las conclusiones extraídas del estudio de la Estrategia de Seguridad Nacional.   Aproximación a la utilización del Derecho Penal como herramienta de seguridad en base a las reformas del Código penal introducidas por las Leyes Orgánicas aprobadas el 30 de marzo de 2015.

La presente investigación versa sobre el estudio de la figura de la mediación, desarrollada desde la perspectiva de implementarse como solución alternativa de conflictos que otorgue las garantías constitucionales de la tutela efectiva de la justicia (tutela judicial efectiva, art. 24.1º CE). Para ello, verificamos si las actuales leyes de mediación españolas cumplen dentro de su articulado con los contenidos básicos establecidos por el Tribunal Constitucional sobre “tutela judicial efectiva ─TJE─” (ver los pronunciamientos del TC en la introducción al capítulo II), toda vez que defendemos que cualquier ley que reglamente una alternativa de resolución de conflictos no solamente debe respetar que las personas involucradas en el conflicto puedan acudir en cualquier momento al proceso judicial sino que dentro del articulado de la norma que la regule deben integrarse todos y cada uno de los contenidos básicos de la tutela efectiva de la justicia (actualmente, TJE) logrando así que se integren todas las vías legales de solución a los conflictos dentro de una sola Administración de la Justicia.

A prática tradicional nociva do infanticídio indígena, presente em alguns povos indígenas brasileiros, ocorre, principalmente, em relação a crianças portadoras de algum tipo de deficiência, gêmeos, filhos de mães solteira, ou seleção de sexo. Este tema, até então tabú no Brasil, era pouco discutido, até a divulgação, em 2005, de diversas histórias de crianças sobreviventes, bem como pelo surgimento, em 2006, da ONG Atini – Voz pela Vida, que passou a acolher famílias indígenas que não concordavam com a prática e queriam salvar a vida de seus filhos, contrariando, inclusive, os órgãos governamentais. Em 2007, houve a propositura do projeto de Lei n.º 1.057, que tinha como objetivo o combate às práticas tradicionais nocivas, assim como outras iniciativas neste sentido. Também foram realizados diversos documentários acerca do infanticídio. Para se chegar aos resultados finais deste trabalho, foi utilizada, além da revisão bibliográfica, análise de fontes primárias, tais como Tratados Internacionais, leis, sentenças e jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi realizada, ainda, a análise crítica de atos de órgãos governamentais, assim como de sentenças judiciais, utilizando-se o controle de convencionalidade como metodologia de análise. Finalmente, constatou-se que o Brasil, apesar de sua obrigação advinda de tratados internacionais de realizar o controle de convencionalidade, em todas as suas atuações e por todos os seus agentes, assim como o Ministério Público Federal, têm descumprido esta obrigação. Estes órgãos, ao adotarem uma posição relativista em relação aos direitos humanos, rejeitando a sua característica da universalidade, positivada nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, violam os tratados aos quais se encontram comprometidos. Defende-se que este descumprimento é causa de responsabilização do Estado brasileiro ante os Sistemas de Proteção dos Direitos Humanos dos quais o Brasil é parte, principalmente a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual tem vasta jurisprudência em matéria de controle de convencionalidade.

Se trata de un estudio que cuenta con tres partes claramente diferenciadas: Una primera parte en la que se ha desarrollado un investigación sobre la edición electrónica universitaria en el ámbito internacional con objeto de conocer las principales tendencias y experiencias que se están desarrollando en los diferentes países del mundo, así como las implicaciones futuras que las mismas pueden tener en la producción, distribución y recepción de la obras académicas universitarias. Una segunda parte con un estudio de campo en el que se han abordado varios aspectos que el grupo entiende que están directamente implicados en la edición universitaria. En primer lugar un análisis de las características de la información disponible en sus páginas web, desde la más formal como puede ser la existencia de referencias a los servicios desde las páginas principales de la universidad, o de un directorio de personal en las páginas específicas de los servicios, a los más estructurales como los sistemas de búsqueda, la edición electrónica o las características de la difusión. En segundo lugar se ha efectuado un análisis de la presencia de los servicios de bibliotecas universitarios en las redes sociales, Twitter y Facebook, habida cuenta de la importancia cada vez mayor que estos cobran para una adecuada visibilidad de los mismos. Y en tercer lugar se ha desarrollado una investigación sobre la presencia de las obras universitarias en las bibliografías recomendadas de los profesores y sobre las características de los servicios de bibliografías recomendadas, que también cuentan cada vez con mayor incidencia en las opciones de consulta y compra de materiales por parte de los universitarios.