"Las reflexiones de los miembros de los Servicios Jurídicos de las universidades son siempre del mayor interés y de la mayor utilidad. Su trabajo cotidiano fundamenta y asegura el trabajo de todos los demás miembros de la comunidad universitaria, que debe realizarse siempre dentro del máximo respeto a la ley. Por ello, creo que debemos agradecer su preocupación por mejorar su preparación, su implicación en la mejora de su trabajo, de la que las reuniones periódicas y reiteradas, como la que ha dado lugar al conjunto de trabajos que constituyen el libro, al que estas líneas sirven de prólogo. Para mí es un honor y una satisfacción haber aceptado la invitación de escribirlo. Esta recopilación de trabajos del ""VIII Seminario sobre aspectos jurídicos de la gestión universitaria"" contiene un conjunto de estudios y reflexiones sobre algunos de los temas más relevantes que determinan o han de determinar una parte relevante de las actividades universitarias en áreas de importancia. El tema del urbanismo universitario, por ejemplo, es uno de los temas capitales, sobre todo para las universidades de más reciente creación, como es el caso de la nuestra, y para todas, en cuanto que actualmente las universidades españolas están inmersas en su práctica totalidad, en la construcción y desarrollo de sus parques científicos y/o tecnológicos.

Es innegable que las mafias o criminalidad organizada forman parte de nuestras vidas, pero ignoramos cuáles son sus tramas, su funcionamiento interno y externo, los métodos para el blanqueo de dinero negro y, sobre todo, las consecuencias para la sociedad y el buen ordenamiento jurídico-económico. Las actividades ilícitas que desarrollan van desde el tráfico ilícito de vehículos, de órganos, de personas, de obras de arte hasta la falsificación de tarjetas de crédito, entre otras. Todo esto conduce a otros tipos de delitos conexos, como: ilícitos fiscales, contables, blanqueo de capitales, revelación y descubrimiento de secretos, falsedad en documento mercantiles, manipulación de mercado, concursos fraudulentos, etc. Para evitar la responsabilidad civil y penal utilizan empresas pantalla o interpuestas así como testaferros. Todas sus operaciones están supervisadas por Abogados corruptos y Asesores especializados en campos tan variados como la: seguridad corporativa, economía de opción e ingeniería financiera, etc. El libro se complementa con las fuentes de información que utilizan los miembros de la Administración Pública para averiguar los bienes y derechos, para hacer frente a sus responsabilidades y probar la ilicitud de su origen.

Poder Judicial patrocina un programa piloto de mediación penal, al que se han adscrito más de treinta juzgados de instrucción y de lo penal a lo largo de toda la geografía hispana. Es necesario reflexionar acerca de la mediación como instrumento perfectamente aplicable de justicia restaurativa, en primer lugar, porque en estos momentos es indudable que la mediación penal vive un momento de creciente expansión en España, en segundo lugar, porque favorecer la práctica de la mediación penal, es el único camino adecuado para lograr el convencimiento sobre su bondad y utilidad y, en tercer y último lugar, para concretar las posibilidades de implantación de la mediación en las distintas fases del proceso penal de acuerdo con la legislación vigente. Esta monografía sobre mediación penal tiene una vocación eminentemente práctica porque somos plenamente conscientes de que la mediación penal ya figura en España en la hoja de ruta de la modernización de la justicia elaborada por el Consejo General del Poder Judicial con el ánimo de reducir la litigiosidad de los juzgados penales. Como parte de esa experiencia piloto del CGPJ, los autores de esta monografía ofrecen, de manera pormenorizada, cada uno de los elementos significativos del proceso de mediación penal para que los futuros mediadores penales encuentren un adecuado soporte práctico a la hora de poder aplicar la teoría disponible.

"El Derecho Constitucional tiene una característica que lo distingue del resto de los cuerpos normativos que constituyen el Ordenamiento Jurídico: no puede darse sino en determinadas condiciones políticas. Los demás cuerpos jurídicos, de ámbito privado y público, siempre están vigentes, se trate de una autocracia o una democracia el régimen político en el que se asienten. El Derecho Constitucional no, porque sólo florece en regímenes que hayan creado las circunstancias necesarias para poder alcanzar su objetivo primordial: la preservación de los derechos personales frente a los abusos de poder.

El presente libro es una ayuda para el estudio del Primer Curso de Derecho Administrativo (concretamente de la segunda parte de la asignatura de Derecho Administrativo I): el acto administrativo, el procedimiento administrativo y los recursos administrativos y contencioso-administrativos. Su finalidad docente es manifiesta en el modo de exposición, busca un lenguaje dirigido más a los alumnos que a la comunidad científica del área de conocimiento, y la inclusión de mecanismos propios para facilitar el estudio, como las fórmulas de los esquemas (numeraciones, letras y guiones en la separación de párrafos y apartados) y los ejemplos significativos, a ser posible, extraídos de casos reales plasmados en sentencias. En casi todos los epígrafes, se recogen ejemplos de las figuras explicadas. En íntima relación con esto último, y con el deseo de la aplicación práctica de la teoría consignada, también se incluyen, en los diversos apartados, numerosas sentencias características de lo expuesto en cada momento, que el alumno no tiene que memorizar necesariamente (salvo casos contados) para superar los exámenes de la asignatura, pero que sí puede servirse de ellas, desde el primer momento, para un entrenamiento práctico correlativo al teórico y, más adelante, para el inicio de su praxis profesional. Por ello, quizá, este material también pueda ser aprovechado, igualmente, por aquellos profesionales del Derecho que requieran una visión rápida y resumida de la asignatura y de referencias jurisprudenciales de los distintos temas incluidos en el libro, que perfectamente pueden emplearse para la redacción de los correspondientes escritos jurídicos (dictámenes, demandas, contestaciones de demanda, etc.).

Tribunal Supremo en relación con asuntos o materias de análoga naturaleza a las que, sin embargo, el tamiz jurisdiccional de cada Sala altera su identidad, resultando de ello decisiones jurisprudenciales contradictorias, es un hecho constatable, que obstaculiza ineluctablemente la labor nomofiláctica de nuestro Alto Tribunal. Ante este panorama, nuestro ordenamiento carece de un instrumento válido y eficaz para paliar estas antinomias, pues ni la Sala Especial de Conflictos contemplada en los artículos 42 y siguientes de la LOPJ, ni el empleo masivo de disposiciones legislativas ad hoc de atribución competencial excluyente y exclusiva han podido paliar la cuestión. El objeto de estas páginas es someter a reflexión si en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional tiene cabida la universalidad jurisdiccional para el Tribunal Supremo tal y como es concebida para órganos similares en el Derecho Comparado, como instrumento homogenizador de la doctrina casacional y, si fuese así, qué ventajas y qué obstáculos removería tal opción legislativa. Si las costuras de nuestro temo constitucional resisten la universalización material de los órdenes jurisdiccionales en el Tribunal Supremo, debe darse un paso más y sostenerse que cualquier instrumento, mecanismo o sistema jurídico que tenga por objeto la mejora, en su más amplio sentido, de la más alta instancia jurisdiccional de nuestro ordenamiento debe aplicarse desde la exigencia de un presupuesto previo de inexcusable contemplación: depurar rigurosamente el papel constitucional y jurisdiccional del Tribunal Supremo y decidir, con todas sus consecuencias, si se quiere continuar disponiendo de una institución que soporte una litigiosidad inasumible dada su naturaleza de facto de tercera instancia, o bien, se opte por redefinir al Alto Tribunal como un verdadero y genuino tribunal casacional, encargado de la función esencial que el constituyente en el artículo 123 del Texto de 1978 previo para él, que no era otra que unificar la jurisprudencia sobre la interpretación y aplicación de la Leyes como intérprete del ordenamiento jurídico y acrisolador de las posturas doctrinales que lo socavan, eludiendo el mayor peligro al que se enfrenta una Corte Suprema, en general, y el Tribunal Supremo de España, en particular, que no es otro que la expansión incontrolada del mecanismo de la casación.